A fines de esta década de los 90’s, en diversos foros internacionales, se reconoce que existen básicamente tres necesidades fundamentales en materia de aprovechamiento agrícola sobre los que es necesario actuar: a) la inseguridad alimentaria, dado que aún se considera que la capacidad para satisfacer las demandas de alimentos a la población en constante crecimiento sigue siendo incierta; b) el impacto negativo sobre el medio ambiente y la degradación de los recursos, debido al uso de tecnologías inadecuadas y el traspaso de la frontera agrícola hacia áreas con limitantes para la producción; y, c) los efectos sobre la salud humana, ya que se considera a la agricultura como una de las actividades que más están afectándola, tanto por la exposición directa a sustancias tóxicas, como por sus efectos indirectos en las cadenas tróficas y acumulación en el ambiente.
En respuesta a esta situación, las actuales tendencias de la agricultura y el desarrollo rural en el mundo están encaminadas a lograr la sustentabilidad y sus principales objetivos son aumentar la producción de alimentos de calidad en forma sostenible y lograr la seguridad alimentaria.
Se reconoce que para alcanzar este escenario en los siguientes años, es necesario poner en marcha acciones que incidan en los diversos aspectos que tienen que ver con la producción agrícola como la educación, los incentivos económicos, el desarrollo de tecnologías nuevas y apropiadas, el suministro estable de alimentos sanos y nutricionalmente adecuados, el acceso de los grupos vulnerables a estos suministros, la producción para el mercado, el empleo, y la generación de ingresos para aliviar la pobreza.
Todas estas acciones deberán realizarse dentro de un marco de ordenación sostenible de los recursos naturales, de la eliminación de modelos de consumo y producción no sostenibles, y la revitalización de las zonas rurales.
En este contexto y en el marco legal mexicano el aprovechamiento sustentable es retomado en diversos ordenamientos, programas y normas oficiales en los que se señala que, en cuanto al desarrollo y fomento agropecuario se promoverá:
a) El desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional.
b) El fomento del cuidado y conservación de los recursos naturales.
c) La promoción del aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico.
d) El mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo.
Se establece también que quienes realicen actividades agrícolas deberán llevar a cabo las prácticas de preservación, aprovechamiento sustentable y restauración necesarias para evitar que se ocasionen desequilibrios ecológicos como la degradación del suelo y el agua y, en su caso, lograr su rehabilitación. En materia de alimentación segura y sana se tiene regulada la aplicación de insumos que puedan afectar la salud humana y de las especies vegetales útiles.
En lo referente a las oportunidades agrícolas del país en el contexto mundial, se reconoce que México se encuentra en una posición muy favorable para aprovechar los cambios que están operando en los patrones de consumo. Se conocen también las potencialidades en cuanto a recursos humanos y naturales para competir en los mercados internacional, entre las que están por ejemplo, las condiciones agroclimatológicas, las cuales son ventajosas para posicionarse como un proveedor importante de flores, hortalizas, legumbres, frutas y productos tropicales y subtropicales.
Otro nicho de mercado para México lo constituyen los bienes agrícolas procesados, no tradicionales y de alta calidad, que a nivel mundial reflejan una creciente importancia. En este caso se encuentran las hortalizas congeladas, frutas y jugos enlatados, miel procesada, aceites comestibles, cortes finos de carne y embutidos, entre otros.
La relevancia de la actividad agrícola en Jalisco es alta debido a que se considera que de la superficie total del estado, 1’ 721,153 has son tierras agrícolas, es decir, el 21% de la superficie total presenta vocación para las prácticas agrícolas productivas. De este total el 83% (1’428,557 has) se aprovechan bajo condiciones de temporal y el 17% (292,596 has) bajo condiciones de riego. Así mismo, se considera que de las hectáreas agrícolas, el 20 % (344,230 has) representan la frontera agrícola y requieren de infraestructura complementaria para incorporarlas a la producción.
La producción agrícola de Jalisco está mayoritariamente enfocada hacia la producción de cultivos básicos, pues ocupan más del 60% de la superficie total cultivada. Como entidad federativa, destaca en el ámbito nacional como primer productor agropecuario aportando el 20% de la producción de maíz y el 12% de caña de azúcar.
En lo que respecta a superficie cosechada, un análisis retrospectivo revela la tendencia a la baja en los cultivos de grano pequeño de mayor importancia como maíz, sorgo y frijol, que se ha venido presentando durante los últimos 20 años. Esto refleja el efecto de la problemática económica que padece el agricultor, la incidencia de eventos meteorológicos incontrolables, y la sustitución del uso agrícola por otros usos como el urbano o industrial.
Sin embargo, la producción no ha disminuido, debido principalmente a que se han incrementado de manera importante los rendimientos medios por hectárea en los cultivos mencionados. Por ejemplo, la media de rendimiento de maíz en 1978 fue 2,968 kg/ha y en 1996 la media alcanzada fue de 4,044 kg/ha; en sorgo, en los mismos años fue de 3,998 y de 5,458 kg/ha, respectivamente; en el caso del fríjol y trigo, muestran una baja en el rendimiento, lo cual puede deberse a factores ambientales desfavorables.
Otras especies importantes en el estado son: el agave, el cual ocupa actualmente una superficie total aproximada de 55 mil hectáreas, de las cuales el 45% están establecidas en tierras planas, el 48% en tierras de ladera y un 7% en terrenos pedregosos distribuida en 35 municipios de la zona centro y altos; la producción de flores en invernadero ocupa el cuarto lugar aportando el 4.4% del total de la superficie nacional, en tanto que en cielo abierto ocupa el sexto lugar con 160 has, lo que representa sólo el 2% del total nacional.
En términos generales, el 50% de la superficie agrícola no presenta restricciones de suelo para la agricultura, en tanto que el 20% presenta ciertas limitantes y el 30% restante sólo es apto aplicando ciertas técnicas para su aprovechamiento.
AGAVE:
